Sobreinformados, desinformados

Se nos ha olvidado que una parte importante del papel del periodista es escoger. Decidir lo que sí se publica, y lo que no merece la pena ser publicado. De entre la marea de información que le llega, el periodista debería informar sólo de aquello que tiene interés público y desechar lo demás. Pero este papel no siempre se cumple porque, cuando se trata de poner límites a la información y a la expresión, a menudo tenemos miedo de caer en la censura.

Porque sabemos que el periodismo debe dar voz a las minorías, debe servir de identificación para todas las ideologías, y esto sí que lo tenemos claro. Quizá por eso el programa La noria, de Telecinco, emitió el pasado noviembre una entrevista con la madre de Javier García Marín (El cuco), uno de los imputados en el caso de Marta del Castillo, por la que la cadena privada había pagado unos 10.000 euros. Y puede que también por eso, en abril del 2010 la cadena La Sexta emitiera en su informativo una noticia en la que hablaba de un hombre leonés, apodado “El Rambo de El Bierzo”, que hacía apología del nazismo, se vestía de skin y colgaba vídeos en YouTube disparando armas de guerra. Podríamos preguntarnos dónde están los límites entre lo publicable y lo no publicable, lo noticioso y lo que no lo es.

Hasta ahora la ley se abstiene de poner esos límites, incluso cuando se pueden lucrar personas que tienen opiniones antidemocráticas o que han sido condenadas por la Justicia. No se veta que se le ponga precio a testimonios criminales, machistas, violentos o neo-nazis. Casi todo puede llegar a tener voz en los medios de comunicación. Recientemente, Coalición Canaria (CC) ha presentado una proposición que insta al Gobierno a prohibir que las cadenas remuneren este tipo de declaraciones en la televisión. Pero si no hay remuneración económica no parece tan grave.

Yo me pregunto dónde quedaron aquellos tiempos en los que el periodista se erigió como “perro guardián” de la democracia. Porque, para mí, lo grave es que sea la ley la que tenga que entrar en juego y poner límites en la información, y que no seamos nosotros mismos los que decidimos lo que es y lo que no es publicable. Lo que me molesta es que el código deontológico sea ineficaz a términos prácticos y que se haya quedado obsoleto. 

Porque el ciudadano tiene 10.000 canales por los cuales recibe una avalancha de información constante (facebook, twitter, blogs), y puede que la única diferencia entre estos canales y el periodismo tradicional sea  el rigor a la hora de escoger lo que se publica. Si el periodismo legítimo no ejerce de filtro entre esta cantidad ingente de noticias y deja que el receptor se empache de informaciones que no son de interés público sino de interés DEL público, no habrá diferencia entre unos y otros. Y, entre tanto, el ciudadano podría llegar a una sobreinformación de noticias de poca calidad, y acabar desinformado y empachado de información innecesaria.